Posted By ricardo on 17 Mayo, 2010

Por Jorge Komadina Rimassa

 A pesar de las generosas promesas del proceso de cambio, en las instituciones estatales aún no se advierten transformaciones sustantivas en las prácticas de acceso a la información y, en general, en la cultura de transparencia. De hecho, no es difícil demostrar que la mayoría de las instituciones estatales carece de un sistema de acceso a la información socialmente valiosa, es decir información relevante, útil y oportuna sobre la gestión pública. Es preocupante sobre todo la ausencia de voluntad política para abrir las puertas del Estado a los ciudadanos. El secretismo sigue siendo el principio básico del poder político.

En 2008, el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC) ha realizado investigaciones sobre cultura de transparencia en la Prefecturas de Cochabamba y Santa Cruz. A pesar de sus obvias diferencias políticas e ideológicas, en ambos casos no se logró identificar la existencia de procedimientos claros, agiles y sencillos para acceder a ese tipo de información empleando el “recurso de petición”, reconocido por la nueva Constitución. Tampoco existe una unidad especializada que pueda brindar este servicio a la población de manera rápida, gratuita y eficiente. El ciudadano que quiera acceder a información pública (contable, financiera, normativa, cartográfica, etc.) deberá estar preparado para enfrentar un laberinto burocrático de trámites y solicitudes, que probablemente terminen por ahuyentarlo.

A pesar de las disposiciones de la nueva Constitución, que reconocen el derecho a la información (Art. 24), y de la aprobación por parte del gobierno de Evo Morales Ayma de la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, los funcionarios de esas instituciones, salvo excepciones, no conocen esas normas y orientaciones, y por lo tanto no colaboran en su cumplimiento, a pesar de su obligatoriedad. Nuevamente, se constata la gran distancia que existe entre las normas y las prácticas cotidianas. Es pues necesario introducir vigorosos componentes educativos (y no solo punitivos) entre los funcionarios públicos, pero también entre la población, que no conoce sus derechos a la información.

El análisis de la páginas Web de la Prefectura de Cochabamba y Santa Cruz, en base a criterios de accesibilidad, actualización umbral mínimo de información, confiabilidad y retroalimentación, han demostrado que nada ha cambiado con relación a los aciagos tiempos del neoliberalismo: estos recursos informáticos siguen siendo un instrumento de propaganda política y no un efectivo espacio de comunicación con la ciudadanía puesto que la información allí contenida no cumple con ninguno de los criterios descritos y con ninguna de las normas vigentes en materia de acceso a información pública.

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