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CEADESC participa en Foro de Intercambio con Pueblos Maya de Guatemala

Bajo el liderazgo del Consejo de los Pueblos del Occidente (CPO) y los 48 Cantones de Comunidades Mayas de Totonicapán, el 08 y 09 de Diciembre de 2011 se realizó en la ciudad de Guatemala  el Foro Intercambio “La Defensa de la Tierra y Territorio de los Pueblos Indígenas en el marco del nuevo Backtun, 15 Años después de la Firma de la Paz”, con el objetivo de analizar el ejercicio de los derechos indígenas y los desafíos para su cumplimiento.

El Foro contó con la participación de la Sra. Mirna Cunnigham Presidenta del UNPFII y del representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Guatemala Sr. Alberto Brunori  junto con expertos invitados de México, Perú, Ecuador y Bolivia.

Mirna Cunnigham  reflexionó “no podemos hablar de Paz, Derechos Humanos, Derechos Indígenas si nuestros pueblos no tienen territorios donde ejercer el derecho a la libre determinación, más en un contexto de crisis financiera internacional que profundizará los conflictos derivados del robo descarado de territorios y recursos naturales”. 

 Llamó a respetar el derecho al Consentimiento Previo Libre e Informado señalando que la participación de los pueblos indígenas es un indicador de la calidad de la democracia y la gobernabilidad.

Jorge Cortés, Director de CEADESC señaló que las luchas de los pueblos indígenas no terminan en el reconocimiento legal de sus derechos tal como viene ocurriendo en las reformas constitucionales de muchos países que han ratificado los tratados internacionales. “Ahora enfrentamos el desafío de crear  instituciones adecuadas para orientar a los estados en la implementación de  políticas especiales para los pueblos indígena;  los gobiernos nacionales deben asignar los recursos financieros que se requieran para garantizar mejores condiciones de vida para los pueblos que han sido históricamente discriminados y marginados.

Entre las principales conclusiones del foro, los líderes mayas – mujeres y hombres- junto con sus invitados internacionales señalaron:

• Después de 36 años de guerra interna y a 15 años del Acuerdo de Paz el menor cumplimiento ha sido con los derechos de los pueblos indígenas, la falta de acceso a la tierra, los desplazamientos forzosos y la persistencia de la discriminación y el racismo. Los indígenas son los que menos se han beneficiado del supuesto desarrollo y hay un aumento de los conflictos por presión sobre los territorios ancestrales de los pueblos mayas.  
• Aunque se estableció el fondo de tierras, éste ha promovido el mercado de tierras y no así una distribución justa y menos la devolución de los territorios avasallados. La inequidad fue una de las causas estructurales de la guerra, esta causa no ha cambiado y ahora “en tiempos de paz” persiste la violencia hacia las comunidades indígenas para imponer les proyectos de infraestructura y de las industrias extractivas.
• Persiste  la impunidad por los crímenes a los pueblos mayas; de más de 100 casos demandados solo en dos de ellos se avanzó en aplicar justicia. En el nuevo contexto político es previsible que los poderosos grupos de interés limiten aún más el acceso a la justicia y se incremente la violencia hacia las comunidades que defienden sus territorios.
• Los acuerdos de paz recogieron,  en su momento, el sentir sobre las condiciones en que se esperaba vivir mejor. Y aunque los acuerdos fueron incumplidos por el estado, ahora los pueblos indígenas no son los mismos que antes o durante la guerra, las mujeres se han hecho más fuertes, se ha aprendido a hacer análisis de los propios problemas y se están desarrollando propuestas al país.
• En estos años se han realizado 53 Consultas Comunitarias que han rechazado las actividades mineras en los territorios ancestrales, pero el estado insiste en imponer las concesiones mineras. Las consultas constituyen una manera de ejercer el derecho a la libre determinación. La CPO llama a las instituciones del estado de Guatemala a respetar la sentencia de la Corte Constitucional  de septiembre de 2009 que interpreta el derecho a la consulta y establece el carácter constitucional del Convenio 169 de la OIT ratificado por el estado de Guatemala.