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TRANSPARENCIA EN EL TIPNIS

En estos días, el Territorio Indígena y el Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se han convertido en el centro del mapa político boliviano. Pero sería equivocado pensar que el conflicto se reduce a un problema puntual y de índole técnica, que gira en torno a la carretera que proyecta unir Puerto Villarroel con San Ignacio de Moxos. En el fondo, se trata de un conflicto jurídico-político estructural, que desafía la consistencia de la nueva Constitución, la política de transparencia del gobierno y, ciertamente, su compromiso con los pueblos indígenas.

La nueva Constitución consagra el derecho de acceso a la información sobre proyectos públicos (Arts. 21, 106 y 242) y obliga a las entidades estatales a proporcionar información relevante a los ciudadanos que así la soliciten. Estas disposiciones no se cumplen en este caso. Tampoco se aplica el artículo 149 de la Ley Marco de Autonomías el cual establece la obligación de los gobiernos autónomos de “responder a los requerimientos de información específica formulados por cualquier ciudadana o ciudadano, organización social u organismo colegiado, y permitir el acceso efectivo a la información de cualquier entidad pública”.

No se conocen, en suma, los detalles técnicos y financieros del contrato suscrito entre el gobierno y la empresa brasileña OAS Ltda para la construcción de la carretera. Circulan muchos rumores, pero poca información verídica. En este caso, de manera inequívoca, no se ha garantizado la condición primera de una auténtica política de transparencia: el acceso a información fidedigna, detallada y oportuna.

Otro de los atributos de la transparencia es la participación de los ciudadanos y organizaciones sociales en la construcción de políticas públicas, en la definición de los programas y proyectos de interés común, y en el control de la calidad de la gestión pública. Por esta razón, acertadamente, se define la transparencia como una interacción fluida y permanente entre la sociedad civil y el Estado. No obstante, en el caso del Tipnis, no se ha empleado de buena fe el mecanismo de la consulta previa libre e informada, prevista por la Constitución (Arts. 30 y 343), a los pueblos indígenas cuando su territorio está amenazado. Esta omisión no es un pecadillo venial tratándose de un gobierno que se ha presentado, fuera y dentro del país, como un ardiente defensor de los derechos indígenas.

Pero además la construcción de una carretera que atraviesa un área protegidas, es decir un patrimonio natural y cultural del país, supone lógicamente un riesgo ecológico que sólo podría justificarse si los estudios de evaluación de impacto ambiental demuestran su conveniencia. Las evidencias y argumentos de esos estudios deberían ser el insumo central para decidir si su realización es pertinente. Esos estudios no se han realizado hasta la fecha, a pesar que son una condición establecida por ley para ese tipo de obras. Se sabe, extraoficialmente, que un informe de una consultoría medioambiental ha subrayado el impacto negativo que tendrá la carretera, tanto en la preservación del medio ambiente como en los derechos de los indígenas.

Con todos esos antecedentes, ¿Por qué el gobierno se ha empeñado, contra viento y marea, en construir una carretera que vulnera y erosiona el capital simbólico del Presidente? He escuchado muchas conjeturas al respecto, pero tengo la impresión de que, en el fondo, lo que está en juego no es sólo la carretera, sino la existencia o la ficción de esa entidad por la cual lucharon los indígenas: el Estado Plurinacional.